El Secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader, en diálogo con Zona Cero, sostuvo que el ente territorial estaría facultado para activar el cobro coactivo contra aquellos usuarios que no paguen la tasa de seguridad incorporada en el recibo del servicio de energía emitido por la empresa Air-e.

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Este pronunciamiento se da luego de que la compañía de servicios públicos informara un cambio en el método de facturación, en donde da  libre elección del cliente el pago de este impuesto, proporcionando códigos independientes para cada ítem.

“El no pago de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana generaría una deuda fiscal y por ende daría lugar al cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda, tal y como se hace con cualquier otro tributo departamental: impuesto vehicular, impuesto al consumo, impuesto al deporte, registro, estampilla y demás”, dijo el funcionario departamental.

Lo anterior, haciendo referencia a que el usuario que no pague este impuesto podría generarle un cobro prejurídico, acumularse la deuda y acarrear un embargo de sus bienes y salario.

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Nader indicó que esta decisión de Air-e los toma por “sorpresa”, toda vez que se venían realizando unas mesas de trabajo conjuntas para resolver el recaudo de la tasa de seguridad y las conversaciones iban en dirección, según afirmó, de un convenio interadministrativo para resolver el caso.

“Nosotros no hemos sido notificados. Lo cierto es que hay una ordenanza que aprueba el Estatuto Tributario Departamental, la cual establece claramente que este tributo debe ser cobrado de manera conjunta con el recibo de energía eléctrica. Nosotros como autoridades administrativas lo que abogamos es por el cumplimiento de la constitución, la ley y las ordenanzas de nuestro departamento”, anotó.

Manifestó que se han comprometido vigencias futuras con base a este tributo, por lo que los proyectos que adelanta la Gobernación del Atlántico quedarían “expuestos” con los créditos que actualmente se tienen con las entidades financieras.

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“Esto (no pagar tasa de seguridad) llevaría al ente territorial a una situación fiscal bastante riesgosa”, subrayó.

El Secretario Jurídico sostuvo que solicitarán a Air-e un pronunciamiento oficial con respecto al tema y con base a ello, aseguró, se tomarán decisiones. No descarta acciones legales contra Air-e.

“Es nuestra obligación, si no lo hacemos como empleados incurriríamos en omisión administrativa y es una falta disciplinaria no hacerlo”, finalizó Nader.